Advierten que “la mafia de los juicios laborales”, afecta también a las Estaciones de Servicio

Especialistas afirman que la problemática es de larga data en el sector, y principalmente se origina en la multiplicación de reclamos indemnizatorios por enfermedades y accidentes del trabajo, con anterioridad a la vigencia del régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo

En referencia a las declaraciones del Presidente de la República sobre la existencia de una “mafia del juicio laboral“, en el intento de aportar alguna claridad sobre el problema, el Asesor Letrado de la Federación de Entidades de Combustibles, Alejandro Fabián Tobalo, admitió que resulta cierto que por aplicación de la legislación anterior (Ley 9.688 de 1915) la práctica había derivado en muchos reclamos abusivos, con una Justicia permeable a los mismos, lo cual había tornado impredecibles los costos laborales ante el eventual accidente del trabajador, sin poner el énfasis en la prevención de los riesgos y la reducción de la siniestralidad.

El Abogado consideró que la Ley de Riesgos de Trabajo, apuntó a solucionar esos problemas, sin embargo se continuó con “el vicio original de establecer listados incompletos de enfermedades profesionales y dar lugar a indemnizaciones en muchos casos insuficientes”.

Tobalo informó que con el paso del tempo, el Poder Legislativo reparó estas “falencias” y afirmó que el estado actual de la legislación “preserva mejor el derecho del trabajador a un justo resarcimiento y la prevención de los accidentes”, a la vez que “hizo previsibles los costos del sistema para las empresas”.

A su entender, la resistencia que generó el dictado de la ley en el año 1995, demostró y de alguna manera “patentizó” la existencia de un fuerte lobby por parte de los beneficiarios de esa industria.

El especialista profundizó su teoría diciendo que en un sentido más amplio, el problema al que se alude con la expresión “industria del juicio laboral” es un derivado de una legislación laboral desajustada a las necesidades del país  y la tildó de “anacrónica”, pues según su visión, “se corresponde con la época de pleno empleo de las décadas del 1960 y 1970, contrariamente a la realidad actual de la economía Argentina”.

Aseveró Tobalo que se trata de un problema de raíz legislativa y el régimen de contrato de trabajo, que data del año 1974, con múltiples reformas, no impide una alta informalidad.

Por eso, analizó que el 33 por ciento de empleo no registrado, se convierte en un fenómeno crónico que responde a los elevados costos del trabajo, debido a las cargas sociales y previsionales que en la República Argentina exhiben niveles de récord mundial.

Déficit fiscal, déficit previsional, el otorgamiento de más de dos millones de jubilaciones y pensiones no contributivas y  la multiplicación de aportaciones sindicales explican el elevado costo de ocupar a un trabajador debidamente registrado”, explicó el letrado.

Asestó que la Ley nacional de empleo, tendiente a reducir el trabajo en negro, lejos de lograr ese propósito, al encarecer las indemnizaciones por despido de los trabajadores no registrados, “vino a fogonear la llamada industria del juicio laboral”.

Responsabilizó de esta situación a la subsistencia de una legislación laboral y previsional “divorciada de la realidad actual del país y a las elevadas cargas que pesan sobre el empleo formal, que siguen alentando al empleador a omitir sus obligaciones de registro y aportes respecto de sus trabajadores y siguen conspirando contra la creación de empleo productivo”.

Finalizó haciendo un llamado a las autoridades de los tres poderes del Estado para alcanzar un “sinceramiento de las instituciones del Derecho del Trabajo y la seguridad social, que permita incluir a más trabajadores dentro de la formalidad y a la vez contribuya al desarrollo económico y social”.