Compromiso del Gobierno con la seguridad de las Estaciones de Servicio

Florencia Arietto, quien asumió como asesora de la Ministra Patricia Bullrich, propicia un encuentro con empresarios y trabajadores para combatir el delito perpetrado por los denominados «motochorros».

Sigo sosteniendo lo mismo que les comuniqué en aquella entrevista respecto de que las Estaciones de Servicio no tienen ningún tipo de poder de policía“, dijo la flamante Directora de Control de la Hidrovías del Ministerio de Seguridad, Florencia Arietto.

Aclaró sin embargo, que las aplicaciones y reglamentaciones de la ley que obliga a los estacioneros a no cargar combustible a los motociclistas que no usen su casco ni que se identifiquen con su chaleco refractario correspondiente, dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de los diferentes municipios y su función es “a nivel nacional“.

No obstante, Arietto se mostró abierta a un encuentro con los representantes del sindicato y de las cámaras empresarias para servir de puente con las autoridades nacionales y provinciales que se encargan del problema de los denominados “motochorros“.

La ahora funcionaria reiteró que la única solución es la denominada “pinza” en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y dijo que las bocas de expendio son presa fácil de los delincuentes ya que acceden rápidamente al efectivo y pueden tener sencillas vías de escape, especialmente en la zona sur de la Capital. “Si no hay control en los accesos, corren más peligro que nunca”, advirtió.

Vale destacar que hace más de un año, las autoridades de CECHA, se reunieron con la Ministra Patricia Bullrich para plantearle entre otras cosas que la obligación de controlar es de los municipios y no de las Estaciones.

En ese momento, Bullrich se había comprometido con los directivos a modificar las normativas y había expresado que “ya funcionaba un comité especial  integrado por estacioneros” a la vez que anunció un incremento de los controles policiales en las cercanías a las bocas de expendio.

Pero el tiempo fue pasando y la agenda de la inseguridad fue mermando la acción gubernamental en beneficio de los operadores de combustibles que optaron a modo personal por buscar sus propias soluciones y seguir reclamando desde las confederaciones respectivas.