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Secretaría de Energía busca que paguen por el gas a las productoras a los 30 días de la entrega y no a los 75 días. Desde ADIGAS advirtieron sobre la “afectación sustancial de la situación económica” de sus empresas en caso que avance la medida

El Gobierno sumó un nuevo frente de tormenta en lo que a materia energética se refiere. En esta oportunidad, las distribuidoras de gas presentaron una carta ante el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) para que revea su intención de acortar los plazos de pagos correspondientes a las productoras de gas por considerar que podría afectar la rentabilidad de las empresas.

En concreto, la Secretaría de Energía busca que las distribuidoras paguen por el gas a las productoras a los 30 días de la entrega y no a los 75 días, tal como se cancela en la actualidad.

En una carta dirigida al ente regulador, ADIGAS, la cámara que agrupa a las distribuidoras advirtió sobre la “afectación sustancial de la situación económica” de sus empresas en caso que avance la medida que impulsa el Gobierno.

La guerra fría entre el Gobierno y las distribuidoras de gas se remonta al 9 de enero pasado cuando la Secretaría de energía lanzó una audiencia pública para poner en consideración los cambios en las modalidades de pago por la provisión de gas.

Por lo pronto, las distribuidoras indicaron a través de la nota que lleva la firma de María Carmen Tettamanti, presidente de ADIGAS, que la iniciativa “no tiene justificación” que permitan a las empresas “asumir ésta obligación”.

De esta manera, Metrogas, empresa controlada por YPF y comandada por Marcelo Adrián Núñez, la española Naturgy (exGasBAN) de Francisco Reynés, Camuzzi de Alejandro Macfarlane y EcoGas, compañía que opera en Córdoba, Catamarca y La Rioja, entre otras, pusieron el grito en el cielo.

Las empresas indicaron que el pago del gas recibido de las productoras depende del cobro de las tarifas mensuales a los usuarios, quienes pagan a 60 días sus correspondientes facturas que antes eran mensuales y ahora, bimensuales.

En ese contexto, las distribuidoras exigen al Gobierno reconsiderar las modificaciones en el plazo de pago a los productores de gas. Las empresas aducen que para afrontar las obligaciones de pago que propone la Secretaría de Energía “será necesario contar con un volumen adicional de capital de trabajo” que implicaría un costo financiero que “no ha sido contemplado en la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

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